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4/1 3:19

At Huawei's first ever virtual press conference on Tuesday, CEO Eric Xu waited patiently as dozens of reporters attempted to get the moderator's attention on video conferencing platform Zoom.




(abc) | 4/1 2:24

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a cuatro años de cárcel, seis de inhabilitación, costas y multa de 36.000 euros al líder de la mafia georgiana «Kutaiskaya», Tariel Oniani, por asociación ilícita para el blanqueo de capitales, el único delito para el que las autoridades rusas autorizaron el enjuiciamiento cuando lo extraditaron a España en octubre del año pasado.


La sentencia, a la que tuvo acceso ABC, da por acreditado que Oniani era, al menos entre 2000 y 2005, el «más alto dirigente de una organización criminal georgiana llamada Kutaiskaya» en la que «alcanzó la categoría de ladrón en ley», el máximo escalafón en este tipo de redes mafiosas.


Concluye que dicha organización se estableció en España «con la finalidad de lavar dinero procedente de sus otras actividades delictivas ejecutadas en varios países europeos y también en Estados Unidos» y «para llevar a cabo el blanqueo, contó con la colaboración de otros miembros de la organización subordinados a su persona ?muchos ya juzgados y condenados con sentencia firme? y con un entramado de varias sociedades».


El fallo, del que ha sido ponente la magistrada Maria Riera, es resultado del juicio celebrado en febrero, 15 años después de aquella madrugada en que las fuerzas policiales explotaron la 'Operación Avispa' y fueron a detenerle al palacete de Barcelona donde residía. Allí sólo encontraron a su hija, menor de edad, y a su cuidadora. Había escapado por los pelos, conforme se sabría después, gracias a un chivatazo.


Desde entonces, España ha estado pidiendo su entrega, que se acordó finalmente en abril del año pasado, cuando terminó de cumplir una condena de 10 años en Rusia. Finalmente,
llegó en octubre y fue enviado a una prisión en Pontevedra
, desde donde fue trasladado entre fuertes medidas de seguridad para comparecer el pasado 11 de febrero en la Audiencia Nacional. Tras una mampara y en pie sesión tras sesión, insistió en negar la mayor. Ni él era un ladrón en ley ni esta figura existe,
como tampoco la Kutaiskaya: «todo es un mito»
.


De poco le sirvió, a la luz de la sentencia, pues ya hay jurisprudencia al respecto. El año pasado, la Audiencia Nacional condenó a varios de sus subalternos, que reconocieron la Kutaiskaya y su participación en un pronunciamiento que ya es firme. Además, el Tribunal Supremo dio por acreditado al ratificar las condenas de los también ladrones en ley Zakhar Kalashov (en 2011) y Kakhaber Pavlovich Shusanashvili (en 2017) la existencia de este tipo de organizaciones criminales y el rol de sus máximos dirigentes.


En el caso de Oniani, georgiano devenido en apátrida, no se le ha podido juzgar por blanqueo porque Rusia no lo autorizó en su extradición, aunque la Sala analizó prueba al respecto dado que la asociación ilícita de la que venía siendo acusado lo era para lavar dinero. La sentencia recoge que no teniendo ingresos ni actividad, acabó comprando con sociedades de las que en realidad era el titular una vivienda valorada en más de 4 millones de euros.



El quinto, pendiente de Rusia
Con la condena a Oniani, se pasa otra página en la lucha en España contra el crimen organizado originario del Este. De los cinco ladrones en ley objetivo de la justicia, tres han sido ya condenados, -Kalashov, Vitali Izgilov, alias «La Fiera» y el propio Oniani; un cuarto fue extraditado a Georgia y sólo queda otro que aún no ha rendido cuentas en España. Se trata de Vladimir Tiourine, tiene dos causas abiertas en la Audiencia Nacional y es escurridizo.


Tras esquivar una detención en Milán, fue localizado en 2010 en Mongolia pero acabó en libertad por problemas en su identificación. Tres años después recibió por fin el alto de las autoridades rusas, pero lejos de entregarle, ordenaron arresto domiciliario y después, siendo kazajo por elección, le concedieron la nacionalidad, por lo que devino en persona no extraditable.


Por ello, el Juzgado Central de Instrucción 4 transfirió en 2015 a Rusia el procedimiento a fin de que pudiera ser procesado allí. Cuatro años después, no hay noticias. El pasado 5 de marzo, el juez José Luis Calama, a instancias de Anticorrupción, pidió explicaciones: Una comisión rotatoria emplaza a la fiscalía rusa a informar de la investigación que haya seguido contra él, recordándole su vinculación al Convenio de la ONU contra la Delincuencia Organizada del que ambos países son parte.


(abc) | 4/1 2:23

Vox ha presentado un decálogo de diez medidas urgentes para «salvaguardar la salud y la economía de los españoles« que bajo el lema »Protejamos España« quiere ser una alternativa a las nuevas medidas económicas aprobadas por el Gobierno para luchar contra el coronavirus y que avanzan en la reducción de la movilidad. Un paquete de medidas muy criticadas por las organizaciones empresariales, al asegurar que provocarán el cierre de empresas y el aumento del paro.


Estas son sus diez propuestas:


1.-Plan de Emergencia Nacional Sanitaria que incluya pruebas masivas del Covid-19 a toda la población, distribución de equipos de protección individual (EPI´s) a todo el personal sanitario, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Fuerzas Armadas y a todos los trabajadores de servicios esenciales.


2.-Implicar a las Fuerzas Armadas en la logística, recursos humanos y comunicación de la red sanitaria y de residencias de ancianos, así como en todas las actividades esenciales del Estado y de la industria que lo requieran.


3.-Implementar un Plan de Emergencia de Producción Nacional para la fabricación urgente de material sanitario y farmacéutico o de cualquier otro sector imprescindible en esta crisis, ofreciendo, a todas las empresas implicadas, la asistencia del Estado y el apoyo presupuestario.


4.- Aprobar un Plan de Emergencia Económica Nacional ante la parálisis económica provocada por los efectos del Covid-19 que incluya: suspensión de las obligaciones tributarias de las empresas (IVA e IRPF y pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades); supresión de todos los impuestos que gravan al consumo de suministros de los hogares (agua, luz y gas) y del impuesto de sucesiones; suspender el pago de la parte del capital en la cuota de amortización de los préstamos hipotecarios y permitir el rescate de fondos de pensiones y planes de ahorro, sin penalizaciones fiscales; y suspender el devengo de cuotas de la seguridad social, tanto de los trabajadores por cuenta ajena como de los autónomos con carácter retroactivo y durante todo el plazo que dure el confinamiento de los españoles.


5.- Ante la parálisis de la UE, exigir que Bruselas utilice el billón de euros destinado a «emergencia climática» a esta emergencia sanitaria y económica. Alcanzar acuerdos bilaterales urgentes con otros países para garantizar el abastecimiento de material y productos imprescindibles.


6.-Reforzar el control de las fronteras ante una posible presión en ellas cuando la pandemia se extienda en otros países. Evaluar las misiones internacionales de nuestras Fuerzas Armadas y repatriar a todos los efectivos posibles. Suprimir el pago de la ayuda exterior y de las misiones de cooperación internacional.


7.-Centralizar y trasladar de modo transparente toda la información de la epidemia a una base de datos central para asegurar el efectivo ejercicio de sus funciones por el Centro Nacional de Epidemiología.


8.-Reducción drástica del gasto político: eliminación de subvenciones a lo partidos políticos, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales y no gubernamentales. Paralización inmediata de la ejecución de toda partida presupuestaria en España que no vaya dirigida a funciones básicas del Estado. Suprimir todas las partidas no esenciales. Incorporación de los liberados sindicales a sus puestos productivos en los sectores críticos como sanidad y fuerzas del orden.


9.-Destitución de toda autoridad autonómica que ataque el principio de solidaridad nacional dificultando la respuesta a la pandemia y en general de toda autoridad que haya mostrado su negligencia, pasividad o incapacidad en esta crisis.


10.- Asunción del pago por parte del Estado y durante tres meses, del importe de las nóminas de todos los trabajadores; en el caso de los autónomos, pago de una cantidad equivalente al nivel medio de su facturación en los tres meses anteriores.


(abc) | 4/1 2:22

Las alarmas siguen sonando en el PP ante la «deslealtad» que están viendo en Pedro Sánchez, con sus decisiones unilaterales en pleno estado de alarma, sin contar con los partidos, las comunidades ni los agentes sociales, y por el intento «claro» de Podemos de aprovechar la crisis del coronavirus para intervenir sectores estratégicos de la economía.


Fuentes populares han destacado que han mantenido su responsabilidad y lealtad con el Gobierno de España desde el primer minuto de la crisis, pero este respaldo, advierten, «no puede ni debe extenderse al apagón empresarial total decretado de forma unilateral por el Gobierno bajo el estado de alarma«. A su juicio, se trata de una medida »muy peligrosa para la salud económica nacional que va a llevarse por delante el sistema productivo del país«.


Desde Génova insisten en que el PP no apoyará los decretos sobre la prohibición de despidos y el apagón empresarial si no son modificados. «No podemos remar en la misma dirección que el Gobierno si va hacia un precipicio«.


«Sus dos últimos decretos de medidas económicas (antes de los que se aprobaron este martes en el Consejo de Ministros) son letales para nuestro sistema productivo, causarán millones de parados y cierres de empresas y autónomos«, asegura el PP.


Desde la ejecutiva nacional de los populares insisten en que «un apoyo para luchar contra la pandemia no puede utilizarse por el Gobierno para aplicar las medidas económicas de Podemos«.


Las razones del PP contra los decretos
Las razones que da el PP para no apoyar esos decretos son estas:



1. Sánchez no ha dicho la verdad: aseguró a Pablo Casado que nunca decretaría el apagón empresarial en España. De hecho, el mismo miércoles votó en el Congreso de los Diputados contra esa medida.



2. El Gobierno ha ordenado la parálisis productiva del país sin consultar con nadie: ni con partidos políticos ni con agentes sociales.



3. El peso de la crisis no pueden pagarlo los empresarios y los trabajadores, debe ser el Estado el que asuma dicho coste.



4. El Gobierno obliga por decreto a las empresas y autónomos a soportar todas las cargas laborales del cierre empresarial.



5. El Gobierno obliga a muchas de estas empresas y autónomos a seguir pagando impuestos y cotizaciones sociales durante el apagón.



6. Lejos de dotar de liquidez al sistema el Gobierno va a drenar toda la liquidez del tejido productivo español al mantener los plazos de la actividad recaudatoria.



7. Así, al drenar la liquidez al sistema, el Gobierno va a convertir un problema de liquidez en una crisis de solvencia para miles de empresas.



8. España se ha quedado a la cola de la protección de los autónomos.



9. La prohibición de medidas necesarias de adaptación laboral a las empresas en dificultades es condenar a muchas de ellas al cierre definitivo y al consiguiente despido de toda la plantilla de sus trabajadores.



10. Prohibir es todo lo contrario de dar facilidades para mantener el empleo.



11. Dar facilidades es aliviar la presión fiscal a las empresas, no someterlas a un imposible coste fijo impositivo cuando no tienen ingresos.



12. Si no se dan facilidades a empresas y autónomos, en pocas semanas llegará una riada de cierres empresariales.



13. A las empresas que se vean obligadas a acogerse a los ERTEs se les prohibirá realizar ajustes estructurales necesarios, lo que conducirá a más destrucción de nuestro tejido empresarial.



14. Los trabajadores tienen que saber que su empresa va a seguir con la ventana abierta cuanto todo esto pase.



15. Estas nuevas medidas económicas del Gobierno responden a la agenda caduca y ultraideológica de Podemos.



16. Las tentaciones expropiatorias de Pablo Iglesias van a ahuyentar todos los proyectos de inversión internacional en España cuando pase la pandemia.



17. El estado de alarma no puede convertirse en un estado de excepción de la libertad empresarial.



18. El decreto de cierre empresarial es un monumento a la inseguridad y la indeterminación jurídica.



19. Esas medidas extienden una injusta sombra de sospecha sobre los empresarios en un momento en que tratan a toda costa de mantener el empleo.



20. Sánchez está más preocupado en buscar chivos expiatorios en la Unión Europea que en buscar soluciones eficaces.



21. La Unión Europea nunca va a financiar el intervencionismo ideológico del Gobierno.



22. Hay claros indicios de que Pablo Iglesias pretende aprovechar la crisis económica para intervenir sectores estratégicos de la economía española y aumentar el gasto público mediante subidas confiscatorias de impuestos a empresas y familias.



23. Y lo más importante: un apoyo para luchar contra la pandemia no puede utilizarse por el Gobierno para aplicar las medidas económicas de Podemos.


(abc) | 4/1 2:20

El Reglamento Penitenciario no lo contempla, pero la Generalitat busca artimañas para que los líderes del «procés» encarcelados pasen el confinamiento en sus casas aunque no hayan sido clasificados todavía en tercer grado (semilibertad). La consejera de Justicia, Ester Capella, ya ha ordenado a las juntas de tratamiento de las prisiones buscar resquicios en la ley para que los presos que disfrutan de la flexibilización de su estancia carcelaria gracias al artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario -como es el caso de los nueve presos independentistas- puedan dormir en sus domicilios para prevenir contagios de coronavirus.


La Consejería de Justicia hizo ayer este anuncio pese a que mientras dure el estado de alarma la política penitenciaria es competencia del Ministerio del Interior. Y también a pesar de la existencia de un gran escollo legal para poder aplicar esta medida: el reglamento permite el confinamiento domiciliario de los presos en tercer grado (en semilibertad) pero no de los que están en segundo grado (régimen ordinario) y disfrutan del 100.2. En el caso de estos últimos, igual que en los que están en tercer grado, la crisis del coronavirus obligó a suspender sus salidas de prisión para trabajar, hacer voluntariados o cuidar de familiares.


Delito de prevaricación
El Tribunal Supremo, que todavía no ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el régimen penitenciario de los presos, ha reaccionado de inmediato ante el anuncio de la Generalitat. Sin esperar a que el Govern pusiese en práctica esa medida, ayer mismo el Alto Tribunal advirtió de que si las juntas de tratamiento deciden liberarlos podrían incurrir en responsabilidades penales. Si la Generalitat adoptase esa decisión, el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, que juzgó la causa del «procés», se dirigirá a cada una de esas juntas y al director del respectivo centro penitenciario para que expliquen el fundamento jurídico que justifica esa decisión e identifiquen a los funcionarios responsables.


Y es que podrían enfrentarse, según fuentes del Supremo, a un delito de prevaricación. Las directrices que dio el Ministerio de Interior para frenar la pandemia en las cárceles tampoco parece que den cobertura a esta pretensión de la Generalitat, por mucho que lo dijera ayer la portavoz del Govern, Meritxell Budó.


La Consejería de Justicia se escuda en esta crisis sanitaria «sin precedentes» para intentar llevar a cabo una medida que reconocen como «inédita» y «excepcional». Según la consejera, se aplicaría solo a los internos con bajo nivel de reincidencia y con domicilio fijo; supuestos en los que, evidentemente, se encuentran los nueve presos a los que el Supremo condenó por sedición. Intentar que los internos a los que se aplica el 100.2 pasen en casa el confinamiento es un paso más dentro de las gestiones de la Consejería para «esponjar» las prisiones catalanas, donde se han registrado nueve positivos de internos -otros 34 están el observación- y veinte de funcionarios. Antes, las cárceles ya enviaron a confinarse en casa al 69 % de los presos de tercer grado. Sin embargo para la Generalitat esto no es suficiente y dicen que para prevenir contagios necesitan «menos gente en las cárceles».


Por eso han tomado otras decisiones como clasificar en tercer grado a 56 internos de segundo que disfrutaban de salidas para trabajar gracias al 100.2. Así consiguieron que se confinaran en sus domicilios. A fecha de ayer, quedaban 101 presos en las cárceles catalanas de segundo grado a los que se aplicaba el 100.2. Entre ellos, los nueve presos independentistas. Sobre cada uno de ellos se pronunciará a lo largo de la semana las juntas de tratamiento de las tres cárceles donde cumplen condena los líderes del «procés», para intentar que duerman en su casa durante el estado de alarma. La aplicación sería inmediata pero los jueces de vigilancia penitenciaria pueden tumbar la medida con posterioridad.


(abc) | 4/1 2:20

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad «han gozado en todo momento de medios de protección individuales para el ejercicio de sus funciones». El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, volvió a reiterar el lunes el supuesto abastecimiento de material que tienen policías y guardias civiles. Quienes trabajan en la calle lo niegan. Sí reconoció Marlaska que en un primer momento hubo «mayores dificultades» para adquirir equipos de protección individual (EPIs), pero eso no ha apaciguado a los sindicatos y asociaciones de ambos Cuerpos.


El último en sumarse a las críticas ha sido el Sindicato Profesional de Policía (SPP), mayoritario entre las escalas de mando, que califica de «insulto y falta de respeto» esas palabras y exige una inmediata rectificación. «Todavía hoy no hay equipos de protección individual suficientes en muchas dependencias y unidades y muchos de los test de detección que se están facilitando para su uso en la Policía Nacional no funcionan», aseguran en un duro comunicado. El SPP afirma que en otras circunstancias Marlaska tendría que haber dimitido y ellos lo habrían pedido. No es el momento, insisten, aunque dejan claro que ha pérdido el «crédito» entre los policías.


«Va llegando material, pero las mascarillas buenas (FPII y FPIII) se agotan en cada servicio. Las que hay son quirúrgicas y esas no son suficientes para estar en la calle en determinadas actuaciones», explica a ABC un policía destinado en los radiopatrullas de Madrid.


Y lo ejemplifica de forma gráfica. «Entramos en una residencia con diez muertos, tú vas con mascarilla y con tu uniforme, lo cuelgas en la taquilla y al día siguiente te lo vuelves a poner. La UME accede con su equipo completo anticontaminación».


Dice que ellos no son la primera línea, sino la segunda, justo detrás de los sanitarios, pero cada noche vuelven a su casa con su familia y el miedo a estar contagiados. En los últimos días han buscado a fugados de hospitales infectados (cuatro al menos); han sancionado a decenas de ciudadanos y detenido a otros; algunos les amenazan con que tienen el Covid-19. «Tenemos más equipos sí, porque muchos nos hemos buscado la vida». Los geles que llevan en los patrullas se los donó una empresa y están a punto de recibir mil mascarillas de una compañía china logradas por mediación de otro policía.


«No somos médicos»
Ayer el DAO del Cuerpo José Ángel González reiteraba que no hay escasez de medios de protección y explicó que se han repartido más de 533.000 mascarillas, dos millones de guantes y casi 5.000 monos de protección. «Mi grupo trabaja con mascarillas y guantes conseguidos por nosotros. Nos los han donado ciudadanos chinos. El día que no tenga material no salgo a trabajar», cuenta un agente de la UIP de Madrid.


«Si gastas uno de los equipos tienes que explicar en la minuta lo siguiente: identificación, calle, hora, motivo por el que se interviene, a iniciativa propia o por requerimiento, los agentes que actúan, si los identificados tienen síntomas de Covid-19 y detallar qué se ha gastado. Prefiero trabajar con lo que nos han dado los chinos. Pero es verdad que así el Ministerio puede ir acumulando material», ironiza. Y otra crítica común entre quienes están en la calle: «No somos médicos. Yo que sé si un ciudadano tiene síntomas o no; algunos lo usan como amenaza».


(abc) | 4/1 2:18

Ahí estaban Nadia Calviño y Pablo Iglesias en la enésima operación de imagen para simular paz donde no la hay. Iglesias, reaparecido con el medido cuentagotas que le permite Pedro Sánchez, y adoctrinando con ideología trasnochada de colectivización forzosa frente a la insensibilidad de los fondos buitre. Demagogia con tono pausado y doliente de seminarista recién ordenado.


Es tiempo de homilías, misereres, triduos y quinarios en plena semana de pasión con España paralizada. Los ministros salen de cinco en cinco, en relevos organizados por horas, haciéndose presentes para monopolizar las horas vacías de los españoles en busca de una esperanza? La dichosa curva. Pero el discurso oficial se contradice. Unos ministros presumen de que los transportes colectivos han visto rebajada su afluencia en un 40 por ciento, mientras la mesa del Consejo de Ministros insiste en que Sánchez no ha paralizado España. Nunca se volvió a saber del índice de consumo de queroseno?, pero no queda un solo ciudadano sin protección social. Ironía.


Frente a la propaganda oficialista, emerge la evidencia de que la soledad política de Pedro Sánchez aumenta. Le han abandonado sus socios, y de modo patente el PNV, recipendiario de la indignación de la empresa y la industria vasca. Le ha abandonado la oposición, hastiada del desdén del Gobierno y de ser despreciada en su lealtad ante la adversidad. Le han abandonado las comunidades autónomas, incluidas algunas del PSOE absortas con la percepción de que Pablo Iglesias se ha apoderado del Consejo de Ministros. Y le ha abandonado Europa.


El discurso del sábado de Sánchez, con un sobreactuado tono de advertencia a Alemania y Holanda por su insolidaridad con el sur de Europa, sonó a desesperación ante la derrota. «Pedro, te queda recurrir al rescate. Punto?», es lo que le dijeron. Sánchez ha dejado sola a España frente a su tragedia, y su réplica es diseñar una suerte de reconciliación fingida entre Nadia Calviño y Pablo Iglesias para acallar la tragedia de empresarios, autónomos y financieros.


E Iglesias pidió perdón por los errores. Eso le honra después de haber impuesto un «corralito» emocional y de insinuar que España necesita expropiaciones y una gota de agit-prop bolivariana. Pero pidió perdón leyéndolo en un papel, como si fuese el guión no creíble de una burda estrategia de gestión de crisis. Él vela por la «gente» sin recursos. España está herida, pero en orden. La curva? bien. Y Nadia Calviño en la comparsa, con María Jesús Montero como árbitro verborreico. E