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(abc) | 5/23 2:16

Hasta 65 años de cárcel por organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil y un rosario de delitos contra la Hacienda Pública en el IVA, en el IRPF y los impuestos de la UE, además de una colección de multas por importe superior a los 147 millones de euros. Es la petición de pena que ha presentado la Fiscalía Anticorrupción para Julio Seseña, el agente de aduanas detenido en uno de los mayores golpes al tráfico ilegal de mercancías procedentes de China desplegado en territorio europeo, la Operación Juguetes.


En total, 37 personas se sentarán en el banquillo como integrantes de la organización criminal que Seseña habría estado dirigiendo y que dejó a deber a la Agencia Tributaria más de 52 millones de euros: desde los cabecillas y sus subordinados a los transportistas, pasando por los testaferros y los clientes reales de la mercancía.


Tal y como detalla el escrito de acusación al que tuvo acceso ABC, Seseña montó una estructura con el fin de importar productos de China encubriendo a sus destinatarios. Al principio, recurría a dos supuestas jugueteras almerienses carentes de actividad para esconder que, en realidad, sus clientes estaban en el polígono de Cobo Calleja, en la localidad madrileña de Fuenlabrada.


Infravaloraba el contenido y la cantidad de artículos de los contenedores para pagar menos impuestos o decía que iban a Portugal y posponía el pago del arancel hasta eludirlo. Una vez descargaba la mercancía en su destino, la cobraba en mano mediante subordinados que se encargaban de moverle el «cash».


Una parte del dinero era enviada a China para pagar a los proveedores, que habían declarado una venta muy inferior cuando enviaron la mercancía. La otra, viajaba en maletines a bancos de Portugal -constan 56 expediciones para ingresar 10,4 millones en efectivo sólo en 2014- y tras pasar por mercantiles creadas ad hoc en Países Bajos, acababa en la empresa matriz de la organización, la compañía Aduanas Señalar S.L., como si fuese el fruto de una operación de importaciones legal.


El camino a Cobo Calleja
En paralelo, los destinatarios de los productos, al no figurar como tales, no los declaraban: vendían el stock en negro, alimentando «la economía sumergida» y generando de nuevo ingentes sumas que blanquear, confirme explica la Fiscalía Anticorrupción.


Estuvieron funcionando así desde 2009 hasta 2014, aunque el sistema fue ganando en complejidad a medida que la Agencia Tributaria apretaba con inspecciones. Llegó un punto en el que Seseña ya no tenía dos falsas importadoras en Almería, sino pantallas en Portugal, Holanda, Italia, Polonia, Alemania y Hungría.



En 2012, creó una sociedad en Países Bajos para despachar las importaciones, que seguían llegando de manera encubierta a Cobo Calleja gracias a dos transportistas también acusados, un padre y su hijo que conseguían el camión. Todas las operaciones se iban justificando con facturas falsas, de acuerdo a los términos de la acusación.


Ya en el polígono, les esperaban ocho ciudadanos chinos que ahora se sentarán en el banquillo. La investigación estima que la empresa de Seseña «fue responsable de la introducción y entrega en España de un total de 2.558 contenedores y 255 conocimientos aéreos» en favor de estas personas, identificadas como sus «clientes reales».


Destacan Bai Jie, alias Simón; los hermanos Bin y Xialei Yu, el matrimonio Bai Jie y Li Roulan; y Rui Lu Cai, conocido como «Luis de Embajadores» y descubierto como «uno de los clientes reales más importantes en la organización». La Fiscalía Anticorrupción solicita penas para ellos de entre 12 y 26 años de cárcel y multas que llegan a superar los 58 millones de euros.


(abc) | 5/23 2:16

Colectivos de profesionales sanitarios cargaron ayer contra la Generalitat Valenciana después de que ABC publicara una nota interna enviada por el gerente del Departamento de Salud de Castellón, Ricardo Tosca, en la que les reprochaba que hubiera «numerosos casos de desatención injustificada» a pacientes. Como ejemplos, citaba gente a la que no se ha atendido presencialmente en sus domicilios o cuya entrada en centros de salud se ha evitado. También afirmaba, entre otras cuestiones, que era «muy importante no banalizar el resto de patologías» e incluso amenazaba con sanciones si se volvía a tener conocimiento de estos hechos.


La carta, en opinión de los profesionales, «pone en entredicho» su labor diaria en la primera línea de la lucha contra el coronavirus al tratarse de valoraciones generalizadas. De hecho, algunos trasladan a este periódico los problemas que están teniendo para acudir a domicilios, ya que no cuentan con los medios necesarios para ello: maleteros específicos para transportar material, desinfección del vehículo en el que se han de desplazar varias veces al día, etc.


Especialmente duros con la comunicación se muestran el sindicato CSIF y el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana CESM. El primero pide a la consejera de Sanidad, Ana Barceló, el cese de la dirección del Departamento de Castellón. «Pedimos que depure responsabilidades. Están humillando a los sanitarios de forma injustificada, gratuita e injusta y con el agravante de hacerlo después de que éstos, de forma ejemplar, se hayan enfrentado al virus sin recibir EPIs suficientes ni adecuados», indican.


Según el sindicato, esta no es la primera «amenaza» de la gerencia, ya que, a principios de mayo, en otra nota interna, se criticaba a los profesionales que, habiendo dado negativo en los test facilitados por la Generalitat para detectar el Covid-19, se estaban realizando otros por su cuenta en laboratorios privados en vista de que los primeros «tenían una escasa sensibilidad». Por todo ello, piden que se destituya a este equipo directivo, el cual consideran que «es una vergüenza que represente al área sanitaria».


En líneas similares se manifiesta el secretario general del CESM Comunidad Valenciana, Andrés Cánovas. Bajo su punto de vista, los cargos que firman la nota -Ricardo Tosca, máximo responsable sanitario de la provincia, la directora de Atención Primaria, Raquel Tena, y la de Enfermería, Inmaculada Fabregat- demuestran que son «unos incapaces y unos ineptos». Al mismo tiempo, señala, plantean «la posibilidad de una prevaricación». «Si realmente ha existido este problema, deberían abrir un expediente de investigación para comprobar cuáles son los profesionales que han incumplido su deber o si el incumplimiento ha sido realmente de la administración», comenta. La generalización en esa carta supone, en su opinión, «enfrentar a los profesionales con los ciudadanos, cuando los sanitarios hemos estado en primera línea desde el principio de la epidemia».


Por su parte, el Colegio de Médicos de Castellón insta al Departamento de Salud de la provincia a que aclaren si se han producido denuncias contra algún profesional. De lo contrario, destacan, la nota supone «cuestionar el trabajo, la profesionalidad y el cumplimiento del Código Deontológico de los más de 400 médicos de Atención Primaria de la provincia de Castellón». Sanitarios, insisten, a los que el Gobierno autonómico «acaba de confiar el control y supervisión de los pacientes con síntomas de la Covid-19».


«Evitar disfunciones»
Desde la Consejería justifican el objetivo del documento. Trasladan que fue una «comunicación interna» en la que se pretendía subrayar aspectos técnicos de los protocolos de triaje, atención presencial, domiciliaria y telefónica, y el plan de contingencia, que, ante la situación del coronavirus, «hubieran podido llevar a error de interpretación y, así, evitar cualquier disfunción asistencial». En esa nota se insistía, explican, «en la importancia de continuar con la atención de las patologías habituales, que no han desaparecido durante la pandemia. Hacen hincapié igualmente en que el Departamento de Salud de Castellón está «orgulloso» de todo el personal sanitario.


(abc) | 5/23 2:15

Con la huelga de hambre iniciada por el etarra Patxi Ruiz como excusa, los nostálgicos de la banda han devuelto la violencia a las calles del País Vasco, donde a diario se producen ataques a sedes de partidos o mobiliario público. El más grave acto de «kale borroka» hasta la fecha fue el que perpetraron la noche del martes en el domicilio de Idoia Mendia, secretaria general del PSE, en cuyo portal arrojaron pintura y folletos en favor del terrorista navarro. Este rebrote de odio constituye en sí mismo un triunfo del reo frente a la facción mayoritaria del nacionalismo radical, liderada por la coalición de EH Bildu y por ende por Arnaldo Otegui, que se ve ahora en la situación de elegir entre «traicionar» a los extremistas o quitarse la careta públicamente.


Bildu ha sido incapaz de controlar a este grupo de disidentes de la banda terrorista que se agruparon en torno a las siglas de ATA (Amnistia Ta Askatasuna). Curiosamente esta nueva oleada de violencia surge de la actuación en solitario de Ruiz, autor del asesinato de Tomás Caballero, que fue expulsado de ETA tras criticar su estrategia de desintegración. Un sujeto conocido por su carácter conflictivo e inestable en la prisión murciana. Su campaña, inicialmente dirigida a denunciar su situación en el centro, ha vuelto a enfervorecer al ala más dura de la izquierda radical, contraria a la «liquidación» de ETA. Estas crisis se producen de forma crónica en Sortu, integrada en EH Bildu, que hace tres años tuvo que hacer frente a una situación semejante ante los órdagos de otro exdirigente de ETA, Iñaki Bilbao (Txikito).


El asunto es incómodo para EH Bildu, a la que acuasan de actuar con «tibieza» ?«Sortu culpable» pintaron los radicales en una «herriko taberna» de Bilbao?. Los batasunos han optado por ponerse de perfil, y de hecho el pasado miércoles se negaron a firmar una declaración institucional en el Parlamento vasco para «condenar» el ataque en el domicilio privado de Idoia Mendia. Mertxe Aizpurua, su portavoz en el Congreso, llegó a afirmar un día después que las pintadas en la casa de la socialista son «consecuencia de la situación extrema que está viviendo un preso vasco». De hecho, ya han anunciado su interés en visitar al preso etarra.


Traslado al hospital
Llama la atención que todo empezase con una protesta de Ruiz por la restricción de las comunicaciones que impuso todo el sistema penitenciario para prevenir la expansión del coronavirus. Lo que empezó como una queja en solitario, acabó agitando al resto de los presos por lo que el centro decidió romper la escalada cambiándole de módulo, en un traspaso en el que además, salía beneficiado: pasaba a uno de respeto.


Fue entonces cuando decidió iniciar una huelga de hambre y sed que no ha llegado a comunicar nunca oficialmente a la prisión y que su defensa sí ha notificado a la Audiencia Nacional mediante un escrito de queja.


En un auto del pasado 18 de mayo, el juez de Vigilancia Penitenciaria se dio por enterado de la huelga, dio traslado a la Fiscalía, y requirió a Murcia II informes semanales sobre la evolución de la protesta y del estado de salud del reo, imponiendo que fuese sometido a controles médicos diarios, a fin de tener bajo seguimiento la situación.


En paralelo, los facultativos de la prisión, que prestan atención primaria, entendieron conveniente que Ruiz fuese evaluado por un especialista. Ante su negativa, el centro penitenciario solicitó permiso para su traslado forzoso al Juzgado de Guardia de Mulas, que acordó este jueves enviarle al hospital para que fuese evaluado.


La Audiencia Nacional tiene otro frente abierto respecto de la bola de nieve generada a partir de la protesta, y es la denuncia que interpuso esta semana la Asociación de Víctimas del Terrorismo ante la Fiscalía para que se investigue la relación entre los actos en homenaje de Ruiz que se han venido celebrando en distintos puntos del País Vasco y Navarra desde que inició la huelga y los brotes de violencia desencadenados a colación, como el ataque contra Idoia Mendía. Según explican desde la asociación, el objetivo es esclarecer si se trata de la materialización de un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación de las víctimas.


(abc) | 5/23 2:15

La Policía Nacional está haciendo un listado para hacer seguimiento de los agentes que entre el domingo y el miércoles estuvieron en contacto con los inmigrantes encerrados 72 horas en los calabozos de la comisaría de Maspalomas después de que uno de ellos, ya trasladado a un centro en Tafira Baja, diera ayer positivo en coronavirus.


La UME fue requerida el miércoles para la desinfección de las dependencias, donde se mantiene a estas personas el máximo que permite la ley en cumplimiento de la orden de Sanidad que exige someterles a cuarentena, todo ello ante la falta de alojamientos adecuados que el Ministerio de Inclusión, competente en esta materia, no ha habilitado. Las ONG que los gestionan no tienen plazas, ya que desde el inicio del estado de alarma, los traslados a la península de inmigrantes y las expulsiones se han interrumpido y al archipiélago no han parado de llegar pateras.


La custodia impropia de estas personas está provocando malestar en la Policía, cuya labor es la de identificar y registrar a los inmigrantes a su llegada, lo que en una comisaría no requiere su presencia «ni 24 horas», según confirmaron a este diario fuentes del Cuerpo.


Al margen, en esta comisaría de Maspaloma permanece un grupo de inmigrantes que está a punto de cumplir las 72 horas de estancia máxima y que iban a ser llevados a la misma residencia de Tafira baja donde se aloja el adulto que ha dado positivo en Covid. Ese traslado se suspendió ayer.


También en Maspalomas hay otros 18 adultos que ingresaron el miércoles, y que viajaban con diez mujeres y cinco niños que fueron llevadas a la Jefatura Superior de Policía de Canarias, toda una anomalía, habida cuenta de que su destino tras los desembarcos son siempre casas de acogida.


(abc) | 5/23 2:14

La Coordinadora del Tercer Sector, que representa a 214 pequeñas y medianas ONG de la Comunidad de Madrid, se siente la verdadera víctima del falso contrato de la Consejería de Políticas Sociales, que dirige Alberto Reyero (Cs). Ellos son los adjudicatarios del servicio de puesta en marcha y gestión del hotel cedido gratuitamente por Room Mate al Gobierno regional y sobre quienes «la mano negra» del caso cernió la sospecha de haber cobrado 565.000 o 240.000 euros; esa es la lectura que les deja la filtración del falso contrato. Ni la primera cifra (la que inicialmente apareció en la página de la Comunidad) ni la segunda (que realmente es el presupuesto consignado como previsión) se ajustan a lo que cobrarán.... Ver Más


(abc) | 5/23 2:12

Los presos del «procés» no conseguirán la libertad mientras el Tribunal Constitucional resuelve sus recursos de amparo. La suspensión de la pena durante el tiempo que tarden los magistrados en estudiar las condenas del Tribunal Supremo era una petición común en los recursos que los líderes independentistas interpusieron ante este órgano y que fueron admitidos a trámite el pasado 6 de mayo. Ese día, en el primer pleno que celebraba el órgano desde la declaración del estado de alarma, los magistrados ya consideraron que no concurrían razones de urgente necesidad para suspender esas penas pero abrían una pieza separada para abordar la medida de la suspensión una vez oídas las partes.


Sin que haya todavía convocado un pleno para abordar estas piezas, fuentes del TC consultadas por ABC adelantan que el órgano se inclina por no aceptar la petición de los recurrentes, por lo que tendrán que seguir presos y sujetos a los permisos de la Generalitat. Consideran que el Tribunal está vinculado por su propia jurisprudencia, según la cual no cabe la suspensión de las condenas cuando estas son superiores a los cinco años de cárcel.



Es el caso de todos los recurrentes que se encuentran en prisión y que están condenados a penas que van desde los nueve años de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart (sedición) a los trece de Oriol Junqueras por sedición y malversación. Ni el recurso de amparo de este último ni el del exconsejero Raül Romeva estaban entre los admitidos a trámite el 6 de mayo, pues antes tiene que resolverse la recusación que ambos presentaron contra los doce magistrados por sus «prejuicios ideológicos» ante el independentismo.



A la frontera de los cinco años de cárcel se refirió precisamente la Fiscalía en los escritos que ha dirigido al TC en los que se opone a la suspensión de la pena solicitada por los siete condenados presos cuyos recursos han sido admitidos por su «trascendencia constitucional»: Carme Forcadell, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Subraya el Ministerio Público que la suspensión de la pena tiene que ser «una medida de carácter cautelar excepcional y de aplicación restrictiva, frente al interés general de la ejecución de los actos y resoluciones firmes, y ordenada a garantizar la efectividad de la resolución que pueda recaer en el proceso de amparo».


La propia ley orgánica que regula al TC apuntala este carácter excepcional y restrictivo de la suspensión en los requisitos que establece para adoptarla: que la ejecución de esa pena suponga un perjuicio irreparable para el recurrente si finalmente se le ampara y que la suspensión no ocasione «una perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido, ni a los derechos fundamentales o libertades de terceros». En este sentido, el Ministerio Público resalta la gravedad de las condenas del «procés», que afectan a bienes jurídicos relevantes de naturaleza pública y tienen una «notoria trascendencia social». No hay perjuicio alguno en que esas penas continúen ejecutándose, dice.


Primero, Junqueras

Tan pronto como los magistrados resuelvan la recusación planteada por la defensa de Junqueras y Romeva y admitan a trámite sus recursos de amparo ?apelando también a esa especial «trascendencia constitucional»?, el tribunal tiene intención de resolver en primer lugar el del exvicepresidente de la Generalitat, al ser el recurso que plantea el mayor número de vulneraciones de derechos, muchas de ellas repetidas por sus compañeros. Después, se decidirá sobre los demás.


Durante toda la instrucción de la causa, y también en este momento, el magistrado Cándido Conde-Pumpido (y ahora, junto a él, Antonio Narváez) ha coordinado los trabajos técnicos de todos los recursos del «procés» con un equipo de una decena de letrados y con independencia de que luego cada magistrado se haya ocupado de la ponencia que le correspondiera por reparto. Todos los recursos de amparo relacionados con el «procés» ?cerca de sesenta? han sido admitidos a trámite por unanimidad, pero rechazados una vez abordado el fondo del recurso.


(abc) | 5/23 2:10

La patada hacia delante de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias aprobando la quinta prórroga del estado de alarma de la mano de Ciudadanos ha sacudido el bloque dibujado en el Congreso desde la moción de censura de 2018. El acercamiento entre el Gobierno y la formación de Inés Arrimadas disgusta, especialmente, a ERC y al PNV. Pero también incomoda a Unidas Podemos.


Esquerra no dudó ayer en expresar su malestar en forma de amenaza. «Si no hay mesa de negociación, no hay legislatura», afirmó el líder republicano Oriol Junqueras, preso en Lledoners (Barcelona), en una entrevista en Telecinco. Horas después, Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, concretó el plazo de la advertencia: dos semanas para que el Gobierno elija entre Ciudadanos o Esquerra.


Los republicanos temen que el acercamiento entre el Gobierno y Ciudadanos (que cuenta con diez valiosos diputados en el Congreso) acabe orillando la posición «central» que tiene Esquerra en el sistema de alianzas del Ejecutivo. Con Sánchez más cerca de Arrimadas también consideran que peligra la «mesa de diálogo» Estado-Generalitat que acordaron con el PSOE y Unidas Podemos a cambio de sus votos en la investidura. Perder ese espacio supondría una humillación para la estrategia «negociadora» de ERC en clave catalana que Junts per Catalunya no dudaría en rentabilizar. Un desgaste que Junqueras no quiere permitirse con las elecciones catalanas a la vuelta de la esquina, aunque aún sin fecha. «El Gobierno ha escogido lo fácil. No tememos nada porque siempre cumplimos con nuestros acuerdos. Quien debería temer es el Gobierno, porque hemos visto estos días que firman pactos que después desdicen», aseveró Junqueras.


Según el exvicepresidente Carles Puigdemont, Sánchez e Iglesias optaron por no respaldarse en ERC en la prórroga votada el miércoles porque las medidas que proponían los soberanistas eran más sociales. Con todo, Junqueras niega que en ningún momento se llegara a cerrar un pacto con el Ejecutivo.


Por su parte, al término del Consejo de Ministros extraordinario de ayer, la ministra portavoz, María Jesús Montero, lamentó que ERC votara «no» después de entrar en una dinámica de «negociación imposible» con la esperanza de que la «responsabilidad» de otros partidos «salvara la prórroga». La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, fue la representante del PSOE en esta última negociación de la alarma sin éxito con el grupo republicano.


«Quince días»
Poco después de que Junqueras planteara su «ultimátum» al Gobierno, Rufián entró en escena poniendo negro sobre blanco el margen de tiempo que tiene Sánchez. Le dio dos semanas, exactamente el tiempo que falta para que caduque la prórroga vigente y el Gobierno tenga que volver a las Cortes a pedir apoyos para una última extensión. «Diez votos seguros de la derecha a cambio de más banderas o trece votos republicanos de izquierdas a cambio de más ayudas sociales. Ese es el único dilema», escribió el portavoz de ERC en Madrid en su cuenta de Twitter. «Quince días para escoger», zanjó.


Esquerra lanzó su órdago aprovechando uno de los momentos de mayor debilidad del Gobierno. Su «ultimátum» llega con La Moncloa sumida en el caos desatado por el acuerdo estéril con Bildu para derogar la reforma laboral impulsada por Mariano Rajoy en 2012, un pacto bajo la mesa que dinamitó, también, la confianza con el PNV de cara a la próxima votación. Con autorización de Sánchez, el documento fue suscrito por los portavoces Adriana Lastra (PSOE), Pablo Echenique (UP) y Mertxe Aizpurua (EH-Bildu).


En un escenario de debilidad parlamentaria, el Gobierno jugó mal sus cartas negociando con la antigua Batasuna una cuestión de enorme calado económico y social. Acabó reculando con un comunicado forzado por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. En resumen, el fracaso de una negociación que ejemplifica los esfuerzos del PSOE por demostrar a ERC que no depende de sus votos, como quedó demostrado en la extensión de estado de alarma.


(abc) | 5/23 2:00

en medio de la emergencia del coronavirus, el gobierno de Boris Johnson tiene además que negociar con la Unión Europea un acuerdo económico y comercial permanente. El período transitorio por el que se siguen aplicando las normas comunitarias termina en diciembre de 2020 y los tories ha convertido en un principio sagrado su negativa a pedir la prórroga y seguir siendo lo que llaman un «Estado vasallo».


El primer ministro, con su desenvoltura habitual, afirma que si Bruselas no le facilita las cosas está dispuesto a saltar al precipicio del «no acuerdo» y cortar por lo sano con el mercado europeo. Pero el equipo negociador de Michel Barnier no tiene prisa y se remite a lo establecido para la salida del Reino Unido en enero, en especial las garantías de que no habrá competencia desleal una vez fuera de la Unión y la regulación de la situación futura de Irlanda del Norte. Este territorio se mantendrá en la unión aduanera y, a cambio, habrá que establecer controles aduaneros en el Mar de Irlanda, un pacto del que ahora reniegan muchos conservadores en Londres.


Brexit ya era un mal negocio antes del coronavirus. Con la economía en depresión y un gobierno fuertemente criticado por su reacción tardía ante el virus, tiene aún menos sentido el aislamiento británico y la desconexión de sus mejores aliados. Un buen ejemplo es la solicitud que han hecho de participar en el Sistema de Alerta y Respuesta Europeo ante las pandemias, después de haber causado baja en el mismo.


En teoría, la salida de la UE permitía al Reino Unido jugar con más libertad en la globalización. Pero ese mundo de mercados abiertos y reglas multilaterales ha entrado en decadencia acelerada. Las tensiones entre Estados Unidos y China ilustran el auge del nacionalismo. Uno de los mejores antídotos sigue siendo la integración europea. La respuesta económica frente a la crisis, puesta en marcha desde las instituciones de la UE y alentada por Angela Merkel y Emmanuel Macron, desmiente una vez más las cansinas profecías anglosajonas sobre el final inminente del sueño europeo.


(abc) | 5/23 1:59

La pandemia del nuevo coronavirus (Covid-19) no le sienta bien a las actividades del narcotráfico en México. Las medidas de confinamiento para contener la enfermedad han contagiado al comercio mundial de bienes y mercancías, el sistema preferido por el narcotráfico para el contrabando de estupefacientes. Estados Unidos y México comercian al año mercancías por un valor cercano a los 600.000 millones de dólares, un enorme volumen en el que ilegalmente se cuelan toneladas de drogas.


Pero para este año se prevé una caída en el tráfico comercial. Debido al encierro, la frontera entre ambos países está cerrada hasta el 22 de junio para viajes no esenciales, una medida impuesta desde el 30 de marzo. Todavía no hay cifras de exportaciones e importaciones de abril, pero se espera una fuerte caída ante un menor consumo provocado por la cuarentena a un lado y otro del Río Bravo, lo que se traduce en desaceleración industrial y reducción del tráfico comercial.


La caída del volumen provoca que sea más fácil para las autoridades estadounidenses detectar los cargamentos que son sospechosos de tener drogas escondidas. Así, el número de incautaciones en la frontera subió un 12% en las dos semanas posteriores a las medidas de confinamiento, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE.UU. publicados por la oenegé Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP, por sus siglas en inglés).


A lo anterior habría que añadir un probable descenso en la demanda de drogas en Estados Unidos. Varias zonas del país están bajo medidas de distanciamiento social, lo que podría haber provocado que los consumidores enfrenten problemas para acudir a comprarlas. Menos consumo y menor volumen comercial, dos factores perjudiciales para el narcotráfico.


La principal ruta de la cocaína a EE.UU.
México es uno de los países más importantes del planeta para la producción y tráfico de drogas, mientras que Estados Unidos es el mayor consumidor de estupefacientes. A través de su porosa frontera de 3.200 kilómetros de longitud, cada año los vecinos intercambian millones de dólares de estupefacientes y armas ilegales. Por ejemplo, el 87% de la cocaína consumida en Estados Unidos llega a través de México, de acuerdo con un informe publicado por la Junta Internacional de Fiscalización y Estupefacientes de Naciones Unidas en 2016.


En el mercado de la cocaína, los cárteles mexicanos actúan como distribuidores del producto que llega desde Colombia, Bolivia o Perú, los principales productores. También distribuyen en Estados Unidos drogas que importan de China y que están en auge, como las anfetaminas o el fentanilo. Aunque hay laboratorios en México, muchos de los insumos requeridos para cocinar estas drogas proceden de China, lo que dificulta su importación en tiempos en los que se espera un desplome del 27% en el comercio mundial durante el segundo trimestre del año, según la ONU.


En producción de drogas, el país latinoamericano sí que alberga importantes cultivos de marihuana y amapola, planta utilizada para producir heroína. Estas plantaciones se ubican sobre todo en el Triángulo de Oro, una región que está a solo unos 300 kilómetros de la frontera con Estados Unidos.


Covid-19, oportunidad de relaciones públicas
A pesar del momento de incertidumbre que atraviesa el negocio, los cárteles mexicanos han aprovechado la crisis del Covid-19 para poner en marcha una campaña de relaciones públicas con la que tratan de mejorar su imagen entre la población. Muchas organizaciones criminales se han dedicado a repartir cajas de cartón repletas con víveres y productos básicos entre las personas más vulnerables.


Cerca de la mitad de los mexicanos viven en pobreza y apenas han recibido apoyos de las instituciones públicas para sobrellevar las consecuencias de la emergencia sanitaria. Esta es la ventana de oportunidad que aprovechan los líderes del narcotráfico para ganar apoyo popular: lo que no hace el Estado, lo hacen los cárteles.


En Guadalajara, por ejemplo, se repartieron 480 cajas con alimentos que llevaban estampada la cara de Joaquín «El Chapo» Guzmán. Las cajas con el rostro del delincuente fueron entregadas por empleados de «Chapo 701», marca de ropa propiedad de Alejandrina Guzmán, la hija de «El Chapo» con la que trata de ensalzar la figura de su padre. En Ciudad Victoria, Tamaulipas, supuestos miembros del Cártel del Golfo también entregaron víveres en cajas que llevaban escrito el mensaje «Cártel del Golfo en apoyo a CD. Victoria».


Hasta el momento, el país norteamericano ha registrado 60.000 contagios y 6.500 muertos desde que confirmó su primer caso a finales de febrero. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador extendió la semana pasada la emergencia sanitaria hasta el 30 de mayo, lo que supone la suspensión de las actividades económicas calificadas como no esenciales.


(abc) | 5/23 1:56

El miércoles por la noche Pedro Sánchez elevó el esperpento a la máxima categoría del arte de la política. En tan solo tres horas consiguió humillar a Ciudadanos, herir al PNV, despreciar a sindicatos y empresarios, desairar a las instituciones europeas, ningunear a la Comisión de Reconstrucción, contradecirse una vez más al pactar con Bildu ¿Se acuerda de aquello tan bonito de «Nunca pactaré con Bildu, ¿Cuántas veces quiere que se lo repita?», olvidarse de su líder en el País Vasco a quien los cachorros de Bildu sabotearon su casa y todo ello sin necesidad parlamentaria alguna.


Tanto lío para terminar modificando en tres horas el acuerdo firmado con los separatistas, a través de una nota aclaratoria, justo el único texto emitido durante la pandemia que se entendía estupendamente. Cristalino que diría Pablo Iglesias.


La terrible secuencia suscitó el rechazo de los partidos, el enfado de los agentes sociales y el asombro de los ciudadanos. Menos mal que ayer, la portavoz María Jesús Montero y el propio Rafael Simancas lo aclararon todo de verdad: La culpa es ¡acabáramos! del PP y de Vox que no ofrecieron sus votos con la mansedumbre obligada. Si hubieran empezado por ahí... lo hubiésemos entendido desde el principio.


Pero todo eso es la manifestación de un gobierno desnortado, con mala relación con la verdad y con pésima relación con el sentido común. Pero además, habría que fijarse en el fondo del asunto. ¿Quién es la mente brillante, en qué cabeza gubernamental ha germinado la genial idea de que es necesario pactar, nada menos que ¡con Bildu! el esquema de relaciones laborales de toda España? ¿Alguien en el PSOE le ve algún sentido?


El primer problema del país en el ámbito económico es el empleo ya que se va a destruir en unidades de millón. ¿Podemos confiar en el trío Lastra, Echenique y Aizpurúa para solucionarlo? ¿Cuántos empleos de calidad y con salarios elevados crearán en el futuro entre los tres? Pues los mismos que han creado en el pasado. Es decir, ni uno. Ellos saben bien lo que deben hacer los empresarios, esos seres por definición egoístas, insolidarios y defraudadores que nadan en la abundancia de sus injustos beneficios. Lo malo es que nunca dan ejemplo. Si esto no lo arregla Nadia no lo arregla nadie.




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